La Ley de Contratos del Sector Público ha entrado en vigor el pasado viernes nueve de marzo de 2018 y lo hizo con importantes novedades que suponen un giro radical al sistema de licitación de contratos públicos anterior.
Gracias a las reformas operadas por esta nueva ley las pequeñas y medianas empresas tendrán la posibilidad de acceder a contratos públicos en régimen si no de igualdad, al menos de más posibilidades y equidad respecto a las multinacionales.
Este mayor reparto de oportunidades descansa en el hecho de que ahora se adjudicarán las licitaciones siguiendo las prerrogativas de la Unión Europea por relación calidad precio no primando únicamente la oferta económica más ventajosa.
Por otra parte, la posibilidad de concesión de licitaciones de contratación por lotes y no por la totalidad permitirá repartir más las posibilidades de representación de las pymes, que representan el 99,8 % de empresas en nuestro país.
El papel de los poderes públicos se torna vital en garantizar la adecuada aplicación de esta nueva Ley de Contratos del Sector Público para certificar que la igualdad de oportunidades entre las Pymes respecto a las grandes multinacionales en la licitación pública deje de ser una quimera tornándose una realidad.
